El pasado 21 de diciembre, el TJUE daba respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada  y por la Audiencia Provincial de Alicante en relación a las controvertidas clausulas suelo.  Se trataba de esclarecer si la nulidad parcial de estas clausulas declarada por la sentencia de 9 de mayo de 2013, es compatible con la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas, ya que, según ella, estas no vincularán a los consumidores y han de dejarse sin aplicación, es decir, como si nunca hubieren existido.

Conviene recordar que, mediante estas hipotecas, los bancos se protegían de las constantes fluctuaciones del Euribor,  al incluir un tope mínimo por debajo del cual los intereses no podían situarse, como fue el caso de finales de 2009, cuando el inicio de la crisis colocó este interés  alrededor del 1%, estando estas hipotecas protegidas por un “suelo” del 2 o del 3%.

Después de innumerables reclamaciones sobre los efectos de estos intereses hipotecarios, la referida sentencia de 2013 estimó  que los consumidores no habían sido adecuadamente informados acerca de la carga económica y jurídica que suponen  estas clausulas. No obstante,  se decidió limitar las consecuencias de esta nulidad, de modo que solo produciría efectos a partir de la publicación de la sentencia.

El Supremo no se atiene a la norma general de eficacia retroactiva de las declaraciones de nulidad por razones de “seguridad jurídica” o porque el ejercicio de estas acciones podría resultar contrario a la equidad o la buena fe,  y la nulidad completa supondría “trastornos graves con trascendencia al orden público económico”.

Así, con este nuevo pronunciamiento del TJUE se declara la eficacia retroactiva de la nulidad de esta cláusula, por lo que los bancos tendrán que devolver el importe íntegro de los intereses generados desde que se firmó el préstamo hipotecario y no, únicamente, desde 2013. La sentencia establece que la limitación temporal de la retroactividad  supone una protección incompleta e inadecuada a los consumidores, al ir en contra de lo que exige la Directiva.

No obstante, y dado que este pronunciamiento es muy reciente,  habrá que ver a efectos prácticos cómo van a aplicar los bancos esta sentencia y cómo se van a sustanciar las devoluciones de los intereses indebidos.