Por fin se resuelve uno de los últimos interrogantes que quedaban pendientes respecto de las ya manidas cláusulas suelo: ¿Qué pasa con las costas procesales de la primera y segunda instancia?

Nuevamente, la Sala Primera del Tribunal Supremo baja a la arena a interpretar consecuencias del Derecho de la Unión Europea en contratos celebrados con consumidores y usuarios, y nuevamente, es con ocasión de las cláusulas suelo – aquellas que impusieron las entidades bancarias para limitar, siempre en perjuicio de los consumidores, los efectos de la bajada de tipos de interés ocurrida de manera generalizada desde 2008 -.

El verdadero objeto de dichas cláusulas es, a día de hoy, una cuestión sobradamente conocida: Imponer, bajo el pretexto de limitar los efectos perjudiciales para el consumidor de las subidas de los tipos de interés que hasta el año 2009 se venían produciendo, un límite a la baja, por la cual se pagaría siempre un importe mínimo al banco en concepto de intereses, por más que bajara el tipo de referencia pactado en el contrato – generalmente Euribor – incluso, entrando en valores negativos. Si bien ante un escenario alcista de los tipos de interés parecía una buena idea, sus efectos serían catastróficos para el cliente – e inversamente proporcional, enormemente beneficiosos para las entidades bancarias – si los tipos de interés bajaban de manera masiva, algo que, según las entidades, no ocurriría jamás. La realidad, sin embargo, se encargó de hacer patente la dimensión del fraude, ya que después de aquella fecha se produjo un desplome sin precedentes en los tipos de interés derivado de la crisis económica global.

También  es conocido, por la repercusión mediática justificada por el elevadísimo número de afectados, el sentido general de las sentencias que han ido recayendo en los distintos Juzgados, Audiencias Provinciales y, en última instancia, en el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Tales cláusulas son completamente abusivas e incompatibles con normativa protectora de los Consumidores y Usuarios europea (y, por tanto, cuanta norma española se ha dictado a su amparo), por lo que en el caso de ser incluidas en un contrato, el Juzgado o Tribunal deberá declarar su nulidad y obligará al banco lo indebidamente cobrado.

De hecho, como consecuencia de la jurisprudencia asentada por las referidas sentencias y la gran cantidad de personas afectadas, el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley (Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo) por el que establecía un procedimiento de reclamación extrajudicial – insuficiente, a todos los efectos – por el que trató de evitar el colapso de los Juzgados y Tribunales ofreciendo a los afectados y a los bancos una oportunidad para evitar el litigio.

Ahora bien, cuando fracasa esa solución extrajudicial y la acción se gana en el correspondiente procedimiento ¿qué pasa con las costas del proceso? La norma general en nuestro Derecho Procesal Civil es la de su imposición a aquella parte que haya visto desestimadas todas sus pretensiones –la parte perdedora, utilizando términos más comunes-. Según esta regla, el banco, al ser condenado, debería abonar el importe del abogado y el procurador empleado por el demandante. Sin embargo, se han dado en estos años varios casos en los que se han declarado las costas de oficio en primera y segunda instancia–o lo que es lo mismo, que cada parte ha satisfecho el importe de los honorarios de su abogado y procurador, así como otros gastos devengados del procedimiento-, sin que tales pronunciamientos hayan sido planteados ante el Tribunal Supremo. Esto se ha producido por la aplicación de una de las excepciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil al criterio general:  Si el caso presenta serias dudas de hecho o de Derecho, cada litigante paga a su abogado y a su procurador. Esto ha ocurrido en el caso de las cláusulas suelo respecto de aquellas sentencias que aplicaban doctrina del Tribunal Supremo sobre la retroactividad que luego fue corregida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Tales pronunciamientos sobre costas de instancias anteriores no se habían reproducido con suficiente claridad en el Tribunal Supremo, por lo que aún faltaba un pronunciamiento del Alto Tribunal en ese aspecto. No hablamos de una cuestión baladí, ya que la misma Sentencia menciona que «(…)resulta imprescindible la adopción de un criterio uniforme sobre esta cuestión para todos los recursos pendientes en materia de cláusulas suelo, sin perjuicio de que alguno de ellos pueda presentar peculiaridades propias que justifiquen otra decisión»

Pues bien, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto por fin el problema en su Sentencia de 4 de julio de 2017: Si bien el caso enjuiciado (en el que incidió el problema de la Jurisprudencia contradictoria antes mencionada) concurrieron serias dudas de hecho o de derecho, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un pronunciamiento que incide sobre un consumidor y usuario que ha vencido en el pleito, y que el cambio jurisprudencial vino dado por la normativa europea que protege al consumidor, en cuanto a su derecho a no verse perjudicado por cláusulas abusivas. Por ello, todo pronunciamiento sobre costas en materia de cláusulas suelo debe regirse por la regla general: Deberá pagarlas la entidad bancaria demandada, pues de otro modo estaríamos obligando a un consumidor a sufrir unos gastos de defensa letrada y representación –entre otros- cuyo único motivo ha sido la mala fe del banco.

Con este pronunciamiento del Tribunal Supremo se acaba uno de los últimos impedimentos que quedaban para los consumidores a reclamar sus derechos. Sus efectos los veremos próximamente (y no sólo en las mejores salas).