Recientemente se ha dictado una nueva sentencia de enorme calado que podría afectar (positivamente) a una parte importante de la población: El Tribunal Constitucional ha declarado parcialmente inconstitucional la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa, conocido como impuesto de plusvalía municipal.

 

¿En qué consiste este tributo? Como su propio nombre indica, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, grava el incremento de valor experimentado por un inmueble de naturaleza urbana desde que es adquirido hasta que es enajenada su propiedad o cualquier derecho sobre el mismo.

Es decir, si adquirimos en el año 2000 una finca urbana por 100.000 euros y siete años más tarde lo vendimos por 200.000, el Impuesto de Plusvalía gravó esos 100.000 euros de revalorización. No es una cuestión baladí, ya que estamos hablando de una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos en los últimos años.

El problema,sin embargo, vino tras 2007, con una crisis del sector inmobiliario sin precedentes que hizo que el valor del suelo se desplomara, con lo que multitud de  administrados que vendieron un inmueble perdiendo una gran cantidad de dinero se encontraron además con un impuesto sobre unas plusvalías que no habían existido.

 

¿Cómo podían las Haciendas Locales seguir ingresando dinero por una supuesta revalorización que no había ocurrido? Los ayuntamientos, a través de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y las normativas autonómicas que ladesarrollan, han venido aplicando hasta ahora una fórmula en la que intervienen el valor catastral –según el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles- y un coeficiente fijo, -en vez del valor de mercado de la finca- durante un periodo de entre uno y veinte años.Es, pues, una fórmula objetiva, ajena a las fluctuaciones del mercado, según la cual aparecen supuestas plusvalías donde no las ha habido.

 

¿Por qué es contrario esto a la Constitución? El Tribunal Constitucional entiende que, en su redacción actual, la regulación de este tributo es contraria al Artículo 31 de la Constitución, según el cual “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.” El Tribunal Constitucional entiende que según esta disposición todo tributo establecido por una norma estatal o autonómica debe gravar una manifestación de capacidad económica, por lo que es contrario a la Norma Fundamental pretender cobrar el impuesto “cuando somete a tributación no un incremento real, sino uno cuantificado mediante normas objetivas sin permitir prueba en contrario que desvirtúe la plusvalía ficticia imputada”.

El tribunal, tras valorar las alegaciones de la Abogada del Estado, las Juntas Generales de Gipuzkoa y la entonces Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal,  ha considerado que el impuesto de plusvalías no somete a tributación una transmisión patrimonial, ni tampoco grava el patrimonio, sino que “somete a tributación, en principio, la renta potencial que deriva de la titularidad de un terreno de naturaleza urbana puesta de manifiesto con ocasión de su transmisión”, que “es importante tener presente que una cosa es gravar una renta potencial (el incremento de valor que presumiblemente se produce con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana) y otra muy distinta es someter a tributación una renta irreal, (…) «porque, si así fuese, es evidente que el precepto cuestionado sería contrario al principio constitucional de capacidad económica(…)»” y, por último, que “contradice frontalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza en el art. 31.1. De esta manera, los preceptos enjuiciados deben ser declarados inconstitucionales, aunque exclusivamente en la medida que no han previsto excluir del tributo a las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”.

 

¿Tiene efecto esta decisión fuera de Guipúzcoa? De momento, no. El Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad de la Norma Foral 16/1989, excluyendo de la cuestión de inconstitucionalidad a la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Sin embargo, teniendo en cuenta que, a día de hoy, existen numerosas cuestiones de inconstitucionalidad sobre la misma materia interpuestas ante el Tribunal Constitucional y, que la fórmula que aplica la ley estatal es prácticamente idéntica, es lógico prever la extensión de esta decisión a la norma estatal sobre Haciendas Locales.

 

¿Tiene todo el mundo derecho a la devolución del importe del tributo? No, ya que la declaración de inconstitucionalidad es parcial, por lo que sólo afecta a quien haya vendido un inmueble por un importe inferior al de adquisición, es decir, aquellos que no se hayan beneficiado del incremento patrimonial que grava el tributo, no pudiendo reclamar, por tanto, quienes sí hayan obtenido una ganancia en la venta.

El Tribunal Constitucional, además, no ha establecido procedimiento alguno para calcular el valor de lo cobrado indebidamente, ni ha articulado mecanismo alguno que permita reclamar el importe del tributo indebido, limitándose en su fallo a declarar la vulneración de la Carta Magna.

De momento, lo único que pueden hacer los afectados es interponer una reclamación administrativa previa como, por ejemplo, la impugnación de la liquidación, para paralizar los plazos de prescripción a la espera de que se tengan más noticias sobre este extremo.