Si su empresa se acogió a la vigente Ley Concursal, consiguió una sentencia de aprobación de convenio y, en la actualidad, el plan de viabilidad que sirvió de soporte se va ejecutando sin alteraciones esenciales, facilitando el estricto cumplimiento de lo que en su día se comprometió, este artículo, quizá, no tenga mucho interés para usted. Sin embargo, si frente a sus expectativas y a las de sus acreedores, una vez puesto en práctica el citado plan, se ha encontrado con elementos no previstos que han reducido sus ingresos proyectados, dificultando el cumplimiento del plan de pagos del convenio, estas líneas pueden ayudarle.

La empresa que por segunda vez atraviesa dificultades tiene dos opciones, o se rinde y acude al proceso de liquidación, o solicita al juez del concurso una modificación de las condiciones del convenio.

Respecto a la liquidación, sencillamente explicar que supone la entrega de las llaves del negocio a la ya olvidada Administración Concursal acompañada de un “lo intenté pero no pudo ser” y centrar los esfuerzos en una buena estrategia que desconecte cualquier tipo de responsabilidad empresarial con los motivos del incumplimiento del convenio.

Hoy me centraré en la segunda de las alternativas: el ya denominado “reconvenio” de acreedores, una figura que, en mi opinión, puede definirse como una segunda oportunidad para quien tiene un verdadero proyecto, o una forma de alargar la agonía para quien no lo tiene.

La disposición tercera del RD Ley 11/2014 introdujo la posibilidad de modificar los convenios y la Ley 9/2015 sirvió para matizar una serie de cuestiones al respecto.

Podría el legislador haber establecido el proceso de “reconvenio” como un nuevo procedimiento concursal por el cual, quien, habiendo salido de la insolvencia y encontrándose de nuevo en ella, pueda volver al juzgado de lo mercantil para, con la vigilancia de una administración concursal, volver a reorganizar sus recursos y plantear a sus acreedores un nuevo convenio. Desde luego, el diseño de un mecanismo de este tipo no parece incompatible con la finalidad última de un procedimiento de insolvencia, que es el cobro por parte de los acreedores, sin embargo, se ha preferido una regulación menos flexible, una verdadera última oportunidad a la que acogerse en circunstancias muy concretas. Unos breves apuntes sobre la posibilidad de acogerse al “reconvenio”, y algunas de las dificultades que, en mi opinión, han limitado la puesta en práctica de la medida:

1.- Solo se puede solicitar la modificación de un convenio si se ha incumplido el plan de pagos en los dos años siguientes a la entrada en vigor de la Ley 9/2015. Es importante destacar que se exige incumplimiento consumado para solicitar la modificación, no siendo de aplicación criterios de inminencia en el incumplimiento (como se prevé para la solicitud de concurso por insolvencia inminente) y que este incumplimiento se produzca antes del 27 de mayo de 2017. Por tanto, si su empresa tiene pactadas fechas en su plan de pagos posteriores al mes de mayo del presente año, no podrá acogerse a la medida, pues con toda la seguridad su convenio no va a ser incumplido antes de la fecha límite. Por otro lado, también mencionar que lo que tiene que ocurrir antes del 27 de mayo de 2017 es el incumplimiento, no la solicitud de modificación, que puede realizarse en un momento posterior.

2.- Lo puede pedir el deudor o los acreedores que representen al menos el 30 por ciento del pasivo existente al tiempo del incumplimiento, calculado conforme al texto definitivo emitido en su día por la administración concursal, y debe ir acompañada de una propuesta de modificación así como de un plan de viabilidad. Ya adelanto que todas las disposiciones que originen la necesidad de realizar cálculos nos recordarán que en este proceso falta la administración concursal, delegando en los letrados de la administración de justicia la verificación de dichos cálculos.

3.- La solicitud de modificación impide el inicio de declaración de incumplimiento y suspende las ya iniciadas.

5.- Fijación de nuevos textos definitivos. Como es habitual que los textos definitivos aprobados en su día, tras varios años de cumplimiento de convenio, no sirvan para establecer el pasivo real subsistente, la ley establece un mecanismo para actualizar los textos definitivos, tanto el deudor como los acreedores podrán presentar escrito de oposición a los textos definitivos contenidos en la propuesta de modificación de convenio con la posibilidad de solicitar la suspensión del plazo para aceptar u oponerse a la propuesta (fijado en 10 días desde el traslado), generándose un incidente concursal. En mi opinión, este mecanismo podría ser interesante si el nuevo proyecto empresarial requiere del trascurso de un determinado periodo de tiempo, pues el tiempo necesario para resolver los incidentes que pueden originarse solo en este punto, en un concurso (mediano o grande), en cualquier jugado de lo mercantil, va a permitir que el deudor, blindado ante solicitudes de incumplimiento, pueda comprobar con tranquilidad si sus presupuestos futuros se cumplen o no.

6.- Adhesiones necesarias para aceptación de la modificación. Fijados los nuevos textos definitivos, las mayorías del pasivo necesarias para la aceptación de la modificación son:

A.- Si la modificación incluye una quita igual o inferior al cincuenta por ciento del pasivo o una espera menor de hasta cinco años, será necesario el 65% del pasivo actualizado.

B.- Si la modificación incluye una quita superior al cincuenta por ciento o una espera superior a los cinco años, será necesario el 80% del pasivo actualizado.

De nuevo es de destacar en este punto la ausencia de la administración concursal y las dificultades que, para la verificación de los cómputos de mayorías, se están encontrando y se encontrarán los letrados de la administración de justicia.

7.- Efectos de la sentencia aprobatoria o denegatoria

El Juez dictará sentencia aprobando o denegando la modificación del convenio y solo podrá aprobar la modificación cuando las medidas propuestas garanticen la viabilidad del concursado.

La inclusión de este requisito para la aprobación de la modificación de convenio introduce un elemento de incertidumbre a la resolución judicial (a la que por otro lado ya estamos acostumbrados desde la vigencia de la Ley Concursal) condicionando la decisión del juez, ni más ni menos a que la propuesta sea interpretada como una garantía de viabilidad futura, con independencia de que cuente con los apoyos necesarios. Difícil papeleta para el juzgador que ya en su día tuvo que dar por buena una propuesta de convenio que también garantizaba la viabilidad y hoy se enfrenta a una propuesta modificativa tras ser incumplida.

En conclusión, se agradece el movimiento del legislador pero resulta, en mi opinión, insuficiente, y quedamos a la espera de una nueva regulación que permita la reestructuración empresarial incluso estando vigente un convenio de acreedores, el respeto al principio de autonomía de la voluntad y la posibilidad de adaptarse a las circunstancias externas de cada mercado, merecen sin duda el esfuerzo.