El pasado 23 de diciembre de 2016, la Sala 1ª del Tribunal Supremo dictó una nueva e importantísima sentencia en contra de los intereses de la banca, en la que, entre otros pronunciamientos, declara, una vez más, el carácter abusivo de ciertas cláusulas incorporadas a los contratos de préstamo hipotecario. La sentencia sigue con la línea marcada en las resoluciones de los últimos tres años, que ponen de manifiesto una práctica bancaria un tanto dudosa, especialmente concentrada en los años previos y durante la crisis económica.

Si previamente se había declarado la nulidad de determinadas cláusulas suelo (sobre lo que también se pronuncia esta sentencia), contratos de participaciones preferentes, permutas financieras “swaps” y de las cláusulas hipotecarias denominadas “multidivisa”, en la referida sentencia se declaran abusivas aquellas cláusulas que obliguen al prestatario, consumidor, a soportar la totalidad de los gastos derivados del préstamo hipotecario – siempre y cuando se cumplan determinados requisitos establecidos en la propia resolución -.

Así, tal y como establece el artículo 89 de la de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, se consideran abusivas las cláusulas que transmitan al consumidor los gastos de gestión que no le sean imputables, como son los de documentación y tramitación que por ley correspondan en este caso al banco, y en particular los derivados de la compraventa de viviendas. De esta manera la intervención notarial y registral no deben recaer sobre el consumidor, alegando la Sala que la garantía hipotecaria se adopta en beneficio del banco, a pesar de que el beneficiado por el préstamo sea el cliente.

En cuanto al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que hasta ahora soportaba el consumidor, se vuelve a alegar el artículo 89, declarándose también abusivo imponer al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario, al menos en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, la expedición de las copias, actas y testimonios.

Por último, estas cláusulas atribuyen al consumidor los gastos procesales que se deriven de un litigio entre las partes en caso de incumplimiento del consumidor. En este punto se señala que los gastos del proceso ya están regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil y que, dependiendo del caso concreto, se imponen las costas procesales o bien al ejecutante o al ejecutado. No pueden recaer sobre el consumidor las consecuencias de un procedimiento judicial por el evidente desequilibro que se genera entre las partes, ni tampoco pueden introducirse previsiones que desactiven normas procesales.

En definitiva, la Sentencia gira en torno a los derechos del consumidor, que no es plenamente consciente de las consecuencias que conlleva la controvertida cláusula cuando la acepta, produciéndose un vicio en el consentimiento que, si resulta suficiente, supone la nulidad de la cláusula por abusiva al tratarse de contratos de adhesión en los que el consumidor, poco o nada, puede negociar. De esta manera quien se encuentre en la situación descrita en la sentencia, con hipotecas que les obliguen a asumir estos gastos, podrán solicitar su devolución a los bancos.

En caso de que el banco no atienda la petición o la oferta sea claramente insuficiente, los clientes deberán acudir a la vía judicial para que se declare la nulidad de la cláusula y recuperar las cantidades.