En la sociedad actual, la regulación del “proceso de morir” es un tema que genera titulares cada día con las consiguientes posiciones encontradas entre partidarios y detractores. El último, esta misma semana, cuando el Tribunal Supremo británico autorizó la desconexión de mecanismos que mantenían vivo a un bebé en contra de la voluntad de sus padres que querían intentar un nuevo tratamiento en Estados Unidos. Este es un caso excepcional, puesto que lo habitual es que sea el propio enfermo / paciente el que pueda decidir por sí mismo cómo quiere que sea tratada su enfermedad.

 

Con base en lo anterior, y para cubrir la laguna legal existente, en el año 2002 se promulgó una ley de ámbito estatal, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, que regulaba la autonomía del paciente y sus derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Esta norma establece un marco mínimo legal que sería regulado de forma más concreta por cada comunidad autónoma de forma progresiva.

 

En la Comunidad de Madrid, la normativa básica se contiene en la Ley 3/2005, de 23 de mayo, por la que se regula el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas en el ámbito sanitario y se crea el registro correspondiente, y en la Ley 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso a Morir que desarrolla la norma estatal, y su ámbito de aplicación se limita a la Comunidad de Madrid.

 

Esta norma solamente es de aplicación a los pacientes que se encuentren en la situación denominada como “proceso de morir”, que se define en su artículo 5.10  como “la de aquellas personas que se encuentren en una situación terminal o de agonía como consecuencia de enfermedad o accidente”. En ese mismo apartado se delimitan ambas situaciones.

 

El principal objetivo de esta norma es garantizar la autonomía y voluntad del paciente de forma que le permita decidir por sí mismo cuál debe ser la actuación del personal sanitario que le pudiera atender en alguna de estas situaciones.

 

El primer, y principal, deber del personal sanitario, que va a ser determinante de la posterior decisión del paciente, es proporcionar a éste la información clínica que deberá ser “comprensible, adaptada y proporcional a las demandas del paciente”.

 

Una vez proporcionada la información clínica, el personal sanitario deberá proponer al paciente el tratamiento indicado para su patología, así como informarle de su derecho a formular la declaración de instrucciones previas, salvo que el paciente estuviera en situación de incapacidad, en cuyo caso deberá informar al representante legal del mismo, según lo previsto en el artículo 9 de la Ley 4/2017, y, en caso de existir instrucciones previas, respetar las indicaciones que éstas contengan.

 

Proporcionada la información anterior, el paciente informará al facultativo sobre la decisión adoptada en relación al tratamiento y, en caso de querer dejar constancia de su decisión, formulará las instrucciones previas que deberán depositarse en el Registro de Instrucciones Previas de la CCAA de Madrid. El contenido de las instrucciones previas se regula en el artículo 6 de la Ley 3/2005 de 23 de mayo de la CCAA de Madrid.

 

La formalización de las instrucciones previas debe realizarse siempre por escrito, debiendo figurar la identificación de su autor, su firma, fecha y lugar de otorgamiento. Se podrán otorgar por cualquiera de los siguientes procedimientos:

  • Ante notario
  • En las unidades administrativas y en los servicios de atención al paciente de las instituciones y centros sanitarios
  • Ante tres testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los cuales dos no podrán tener relación de parentesco hasta segundo grado, ni estar vinculados por matrimonio ni vínculo de análoga relación de afectividad.
  • De forma excepcional, y en un contexto de riesgo vital, se podrán manifestar las instrucciones previas en cualquier soporte que de forma fehaciente exprese su libre e inequívoca voluntad. En este supuesto, deberán incorporarse a su historia clínica y ser firmadas por el médico y enfermera responsables de su atención.

 

Debe destacar que, esta nueva norma de la CCAA de Madrid, regula de forma expresa los cuidados y tratamientos paliativos de las personas que sufran una enfermedad terminal, incluso en su propio domicilio, siempre que fuera posible, constituyendo una novedad frente a la normativa estatal que no señala nada a este respecto.

 

Finalmente, en este nuevo texto se regula un régimen sancionador, complementario del establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, para el caso de que se incumplan las obligaciones previstas en la misma.

 

En definitiva, esta nueva norma viene a establecer un régimen de garantías de información y de documentación clínica más amplio que la normativa estatal para los enfermos residentes en la CCAA de Madrid, que les permite decidir el tratamiento que quieren recibir en el caso de encontrarse en situaciones de agonía o de estado terminal.