En un gran número de herencias, nos encontramos con el problema de que uno de los coherederos no otorga, o no quiere otorgar, la escritura de aceptación y partición de la herencia: en algunos casos por desacuerdo en la forma de partición; en otros, por la no localización de uno de los coherederos y en otros, simplemente, porque uno de los coherederos evita realizar cualquier actuación referente a la herencia, ya sea por disputas familiares, por mala relación con el resto de coherederos, etc.

Esta situación de inmovilización de la herencia conlleva unos perjuicios significativos tanto a nivel afectivo (ante la muerte de un familiar querido resulta necesario agilizar los trámites para terminar cuanto antes) como, principalmente, económico, ya que hasta que no se realice la aceptación y partición de la herencia no se puede disponer de los bienes que componen la misma, lo que obliga a los coherederos a hacer frente, a título personal, a los gastos que se originan hasta el momento en que se acepte y reparta la mencionada herencia y ello, sin obviar, el posible deterioro o depreciación de determinados bienes por el mero transcurso del tiempo (acciones, fondos de inversión, inmuebles, etc).

Antes de la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2 de julio de 2015, en tales casos, sólo se podía recurrir a la intervención judicial, lo que implicaba unos plazos muy prolongados de tiempo y unos costes económicos muy elevados, que, en algunos casos, suponían la renuncia a la herencia, seguida de una frustración y hastío personal derivado de la situación continuada de conflictividad familiar.

Por su parte, la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2 de julio de 2015 modificó los siguientes preceptos, con el fin de abrir una vía real y práctica a la resolución de estos conflictos sucesorios, sin tener que acudir a la vía judicial:

El artículo 1.005 del Código Civil: “Cualquier interesado que acredite su interés en que el heredero acepte o repudie la herencia podrá acudir al Notario para que éste comunique al llamado que tiene un plazo de treinta días naturales para aceptar pura o simplemente, o a beneficio de inventario, o repudiar la herencia. El Notario le indicará, además, que si no manifestare su voluntad en dicho plazo se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente”.

Y el artículo 1.057 del Código Civil: “El testador podrá encomendar por acto «inter vivos» o «mortis causa» para después de su muerte la simple facultad de hacer la partición a cualquier persona que no sea uno de los coherederos.

No habiendo testamento, contador-partidor en él designado o vacante el cargo, el Secretario judicial o el Notario, a petición de herederos y legatarios que representen, al menos, el 50 por 100 del haber hereditario, y con citación de los demás interesados, si su domicilio fuere conocido, podrá nombrar un contador-partidor dativo, según las reglas que la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Notariado establecen para la designación de peritos. La partición así realizada requerirá aprobación del Secretario judicial o del Notario, salvo confirmación expresa de todos los herederos y legatarios. (…)”.

 

Tras esta reforma, los herederos  tendrán a su alcance unos mecanismos prácticos en el caso de que otro coheredero se empeñe en obstaculizar la herencia. Además, esta atribución de competencia a los notarios supone rapidez y disminución de los costes económicos.

Así, actualmente, los interesados en una herencia, acudirán al notario para solicitarle el inicio de los trámites sucesorios, quien notificará y requerirá al coheredero y, en el plazo de treinta días naturales, se habrá logrado: que acepte pura y simplemente, que acepte a beneficio de inventario, que repudie o que no haga nada, en cuyo caso se entenderá que ha aceptado puramente. Una vez finalizado este trámite, se habrá puesto fin a la herencia yacente y existirá una comunidad hereditaria.

En el caso de que el coheredero rebelde (aceptó o no hizo nada y se le tuvo por aceptado puramente) continúe negándose a colaborar y a realizar la partición de la herencia,  los coherederos que tienen voluntad de realizar la partición, siempre que superen la mitad del haber hereditario, podrán usar el mecanismo del artículo 1057.2 del Código Civil:

  • El notario citará a todos los coherederos (incluido el que paraliza la partición), legitimarios y acreedores, quienes podrán hacer las manifestaciones que consideren oportunas ante el notario.

 

  • El notario solicitará del Colegio Notarial la designación de contador partidor que realice la partición hereditaria. Posteriormente, el notario le comunicará dicho nombramiento y, si el contador partidor designado lo acepta, procederá a realizar la partición.

 

  • Una vez el contador partidor ha realizado la partición, ésta tendrá que ser aprobada por todos los herederos y legatarios. Llegados a este punto, podría suceder que todos estén conformes con la partición realizada por el contador partidor, en cuyo caso ésta adquirirá plena eficacia, o, como sería habitual en un caso como éste y dado el momento  del proceso en el que nos encontramos, que el coheredero rebelde al que hubo que requerir para que aceptara, y que se niega a otorgar la partición, esté en desacuerdo con la realizada por el contador.

Esta es la verdadera novedad en este procedimiento de jurisdicción voluntaria, puesto que el notario tiene potestad decisoria: es él el que aprobará la partición en los términos realizados por el contador, comprobando que la misma ha cumplido los requisitos legales en la formación del inventario, en su avalúo, en la liquidación y en las adjudicaciones.

Por lo tanto, el notario, aprobará en escritura pública la partición efectuada y ésta provocará la adquisición de la propiedad de los bienes adjudicados por los partícipes, concluyendo así la sucesión hereditaria.

En conclusión, con la reforma de los preceptos legales antes descritos se ha conseguido establecer un mecanismo de aceptación y adjudicación de herencias sencillo, rápido y práctico, dejando el procedimiento judicial como mera opción, para aquellos casos en los que no sea posible o no se desee iniciar el proceso notarial por parte de los herederos. Y todo ello, sin dejar de obviar que, la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2 de julio de 2015, supone una eficaz medida y no, únicamente, en el terreno sucesorio, para descongestionar el grave colapso que sufren de forma crónica los tribunales españoles.