Las cifras son abrumadoras: El mayor escándalo de la industria automovilística de las últimas décadas deja tras de sí a once millones de vehículos afectados a lo largo del mundo, decenas de gobiernos y organizaciones supranacionales implicados, miles de millones de euros en juego entre multas y reclamaciones judiciales y rumores de otras seis marcas implicadas dentro de la industria automovilística. Hablamos del escándalo de emisiones diesel de Volkswagen, también conocido como dieselgate.

 

En septiembre de 2015 estallaba el escándalo: La Agencia de Protección Medioambiental estadounidense ordenaba a Volkswagen a llamar a revisión a 500.000 vehículos tras serias discrepancias entre las mediciones de emisiones contaminantes realizadas en laboratorio y las realizadas en condiciones reales por investigadores de la Universidad de Virginia. Tras los primeros intentos por parte de la marca de calificarlos como meros errores técnicos, el día 22 de septiembre de 2015 Martin Winter comparecía ante los medios entonando el mea culpa: El grupo Volkswagen, que comprende entre otras las marcas comerciales Volkswagen, Volkswagen Vehículos Comerciales, Audi, Skoda, Seat y Porsche, llevaba años engañando a consumidores y autoridades comercializando vehículos que emitían a la atmósfera unas cantidades de gases contaminantes muy superiores a las cifras que arrojaban las pruebas realizadas en los laboratorios mediante el uso de software y hardware fraudulento.

 

Si bien en  Estados Unidos las repercusiones para el Grupo Volkswagen están siendo considerables -con detenciones de altos ejecutivos y un acuerdo por el que el Grupo desembolsaría 4.300 millones de euros a afectados y autoridades-, en Europa parece que las cosas están siendo algo mejores para el grupo teutón: A pesar de estar bajo investigación por parte del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, hasta el momento Volkswagen ha eludido reconocer su culpabilidad, ya que las autoridades comunitarias han delegado  su autoridad en los sistemas de protección de los consumidores de cada Estado miembro en vez de ofrecer una solución conjunta por parte de las instituciones de la Unión Europea.

 

¿Y en España? El panorama en nuestro territorio  puede dividirse en tres frentes distintos:

 

La respuesta oficial por parte de las autoridades, a pesar de los 683.000 vehículos afectados en nuestro territorio, no parece estar caracterizándose por su contundencia, al menos de momento. España, al igual que otros seis países de la Unión Europea (Reino Unido y Alemania, entre ellos) ha recibido la notificación de la apertura de un expediente sancionador de la Comisión Europea al no disponer nuestra Administración de un procedimiento sancionador que evite el uso de dispositivos fraudulentos para manipular las mediciones de emisiones contaminantes. Al margen de esto, el Ministerio de Industria se limitó a abrir un expediente a Seat, por ser la única empresa del consorcio alemán que se homologa en España, para suspenderlo poco después al iniciarse las investigaciones ante los Tribunales.

 

En el plano judicial, lo más llamativo ha sido la apertura de diligencias previas contra el Grupo Volkswagen, incluyendo su filial española y más recientemente su matriz alemana a través de una comisión rogatoria, por parte del Juzgado Central número 2, de la Audiencia Nacional. En materia civil, sin embargo, las sentencias caen con cuentagotas y con un criterio no uniforme:

 

En un primer momento, Juzgados de Primera Instancia en Valencia, Zaragoza y Torrelavega fallaron a favor de la marca de automóviles, pues entendieron a rasgos generales que no se pudo probar que los concesionarios tuvieran conocimiento de la manipulación fraudulenta, por un lado, y por otro, que no quedaba afectada la finalidad para la que este fue adquirido, ya que tal y como entendió el Juzgado de Primera Instancia de Valencia, los vehículos no fueron retirados de la circulación en ningún momento por ninguna autoridad, europea y nacional.

 

No obstante, en octubre de 2016 el Juzgado de Primera Instancia número doce de Valladolid dictaba la primera sentencia en contra de la marca, ya que condenaba a Volkswagen Valladolid Wagen y Wolkswagen Audi España, a pagar a un consumidor afectado, la cantidad de 5.006 euros por el software malicioso instalado en su Audi Q5 Quattro, al entender que éste había sufrido una depreciación del 10% de su valor al constatarse que era uno de los vehículos afectados. Recientemente otra sentencia, concretamente del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Mallorca, ha condenado solidariamente al Grupo Volkswagen y al concesionario a pagar 500 euros más los intereses devengados al propietario de un Seat Ibiza que había adquirido de ocasión, fundamentando la resolución en que “el proceder cuanto menos negligente del fabricante ha dado pie a que la demandante padezca esa desazón, molestias y zozobra a las que se ha hecho referencia y por ello está obligada a indemnizarla en la misma medida que la vendedora y solidariamente con ella”.

 

En cuanto al plano legislativo, la Ley española concede numerosas armas al consumidor que desee una compensación por los daños ocasionados, tanto desde el derecho civil (Acciones de nulidad por vicios en el consentimiento o por dolo contractual y reclamación de daños y perjuicios, acción resolutoria por incumplimiento de una obligación recíproca), penal (delitos de estafa, publicidad engañosa o contra el medioambiente) o la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 2007 (reparación o sustitución del producto sin coste alguno para el cliente).

 

El Grupo Volkswagen, por su parte, tras negarse a compensar a los usuarios como en el caso de Estados Unidos, está llamando a revisión a los algo más de seiscientos mil vehículos afectados en nuestro territorio ofreciendo una reparación gratuita en la que, según aseguran, el vehículo ni pierde potencia ni se eleva el nivel de emisiones contaminantes – algo que parece difícil de creer -. No resulta claro, tampoco, si el usuario debe renunciar a futuras acciones contra Volkswagen para acceder a la reparación, por lo que la prudencia aconseja esperar unos meses y ver hacia qué dirección se orientan definitivamente la Jurisprudencia y las autoridades.

 

No obstante, si es usted un afectado por la adquisición de alguno de estos vehículos y desea ampliar la información sobre sus derechos y conocer las posibles soluciones alternativas al problema, no dude en contactar con nosotros.