Están presentes en la inmensa mayoría de las escrituras de los préstamos hipotecarios (entre las que, por una simple cuestión de estadística, seguramente se encuentre la suya), han jugado un papel fundamental en las más de 600.000 ejecuciones hipotecarias que se han llevado a cabo en el territorio español desde el año 2007 habiendo provocado, hasta el momento, dos cuestiones prejudiciales ante el tribunal de justicia de la Unión Europea y, sin embargo, siguen siendo grandes desconocidas para el común de la población y probablemente para más de algún jurista ajeno a la actualidad del derecho bancario.

 

¿Qué son las clausulas de vencimiento anticipado?

 

En resumen, son aquellas por las que el acreedor (en el caso de los préstamos hipotecarios, una entidad bancaria o de crédito) se reserva la posibilidad de dar por vencido el préstamo en su totalidad, en caso de impago de alguna de las cuotas de tal manera que, a partir de ese momento, podría reclamar al deudor el importe íntegro pendiente de amortizar, más intereses. Obsta decir que la gran mayoría de casos en los que se produce la activación de estas cláusulas terminan en el correspondiente procedimiento de ejecución hipotecaria por imposibilidad del deudor de hacer frente a la deuda reclamada.

 

No es, pues, una cuestión baladí: Esta la cláusula ha servido de base para cientos de miles de ejecuciones hipotecarias y, tras la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la hora de interpretar la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, se podría considerar abusiva.

 

El problema con ellas, sin embargo, ha sido aquí un poco más complicado que en el caso de las cláusulas suelo, ya que en la inmensa mayoría de las ocasiones, las entidades bancarias no han llegado a aplicarlas directamente, sino que han preferido esperar a que se dieran más impagos de los estipulados. ¿Es posible, pues, que el procedimiento sea nulo si no ha comenzado por la aplicación de la cláusula?

 

Para complicar más las cosas, ha habido un cambio legislativo bastante relevante, operado en el artículo 613 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, que amplió a tres el número de plazos requeridos para poder acudir a la vía ejecutiva, dejando el artículo tal y como sigue:

 

“2.- Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este convenio constase en la escritura de constitución y en el asiento respectivo.”

 

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea abrió en España la veda para su declaración de nulidad en la famosa sentencia del caso Aziz, donde declaró contraria al Derecho de la Unión Europea la normativa española que impedía la suspensión de un procedimiento de ejecución hipotecaria al contener el contrato cláusulas abusivas. El Tribunal Supremo, sin embargo, vino en diciembre de 2015 a moderar el alcance de tal posible declaración de nulidad, al declarar que no permitiría tal declaración de nulidad si existe un incumplimiento flagrante de sus obligaciones por el deudor consumidor. Podemos decir que no está aún del todo clara la cuestión.

 

¿Y cuál sería el alcance de tal declaración de nulidad? ¿Puede suponer la nulidad del procedimiento entero incluso si no se han aplicado de manera estricta?

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictó sobre este tema la Sentencia de 16 de enero de 2017, donde dice que la Directiva 93/13/CEE debe ser interpretada en sentido contrario al derecho español, que impide que los tribunales sobresean un procedimiento de ejecución hipotecaria cuando existen cláusulas abusivas y el acreedor ha respetado lo dispuesto en la legislación nacional. Es decir, que aunque el banco haya respetado el plazo de tres meses de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si la cláusula es abusiva el juez nacional podría dejar sin efecto el procedimiento. 

 

Esta Sentencia, en caso de llegar a sus últimas consecuencias, tendría unos efectos nunca vistos en el ordenamiento jurídico español –ni siquiera tras las cláusulas suelo-, pues podría dejar sin efecto muchos miles de procedimientos, y haciendo que estos se dirimieran en procedimientos de ejecución ordinaria o incluso tener que volver a la vía declarativa, con el subsiguiente colapso de nuestra ya saturada estructura judicial.

 

Por ello, el Tribunal Supremo, mediante Auto de fecha de 8 de febrero, elevó cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que resolviera definitivamente sobre, por un lado, el alcance de la declaración de nulidad de esta cláusula (¿cabría declarar la nulidad de parte de la cláusula?) y sobre si la Sentencia de 2015 es conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estamos, pues, pendientes de una resolución histórica que marcará el devenir de los siguientes años de una manera u otra.

 

Próximamente sabremos la respuesta.