Una de las numerosas lagunas que tiene la actual Ley de Enjuiciamiento Civil – y con ello no quiero decir que piense que es una ley defectuosa, pero sí mejorable – es la relativa al régimen de asunción de costes por la publicación edictal de las sentencias en el BOE o en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente, respecto del demandado rebelde.

 

El artículo 164 LEC establece una regla general por la que, la publicación de las comunicaciones a los destinatarios – normalmente demandados – con domicilio o paradero desconocido, deberá realizarse en el tablón de anuncios de la oficina judicial, pudiendo incluirse, también, en el Boletín Oficial de la provincia, Comunidad Autónoma, en el Boletín Oficial del Estado, o en un diario de difusión nacional o provincial, pero solo a instancia de parte y a su costa.

 

Pues bien, esa previsión es, precisamente, la que provoca incertidumbre en la interpretación de la excepción a ese principio general en las comunicaciones por edictos, que viene regulada en el artículo 497 LEC respecto del demandado rebelde y que dispone que, si el demandado se halla en paradero desconocido, la sentencia o resolución que ponga fin al procedimiento, deberá ser notificada mediante publicación de un extracto de la misma, por medio de edicto, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el Boletín Oficial del Estado.

 

Como puede observarse, en el caso del demandado rebelde, el legislador impone al Juzgado – no a la parte actora – la publicación de la sentencia o resolución final en el Boletín Oficial correspondiente, sin hacer especial mención a quién debe asumir el coste concreto de tal publicación, cosa que sí hace en la redacción del artículo 164 LEC, al indicar que la publicación en boletines oficiales es una facultad de la parte que, debe asumir su coste, en caso de instar al Juzgado el cumplimiento de ese derecho.

 

Precisamente, la mención expresa del artículo 164 LEC a la asunción de los costes de la publicación por la parte que lo solicite, permite la interpretación, en sentido contrario, respecto de la omisión al régimen de asunción de dichos gastos que encontramos en el artículo 497 LEC, debiendo colegirse que, en el caso de publicación de sentencias o resoluciones finales a los demandados rebeldes en paradero desconocido, el coste de la publicación en el Boletín Oficial correspondiente debe ser asumido por el Estado – con cargo al presupuesto del boletín en el que se publique – sin que pueda derivarse a la parte actora la responsabilidad de pago del mismo.

 

En defensa de esta teoría, dos argumentos: El primero, ya indicado, la omisión sobre la imputación de los gastos a la parte actora del artículo 497 LEC, cuando en el artículo 164 LEC sí se menciona expresamente. Y, en segundo lugar, la imperatividad del artículo 497.2 LEC, frente al carácter dispositivo del artículo 164 LEC, que obliga al juzgado o tribunal a publicar, incluso, aunque la parte actora se opusiera.

 

No obstante, lo cierto es que en la casuística habitual, los Juzgados derivan a los actores la responsabilidad de pago de este tipo de gastos, por aplicación analógica del artículo 164 LEC, lo que hace que, muchas veces, además de tener enfrente a un demandado en paradero desconocido del que, muy probablemente, no se vaya a conseguir recuperar ninguna de las cantidades a las que haga referencia la sentencia – costas, intereses, deuda principal, etc – el cliente deba, además, asumir costes adicionales por la publicación edictal.